Leyes y discriminaciones

Autor: Padre Fernando Pascual, L.C.

Profesor de filosofía y bioética en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Fuente: es.catholic.net (con permiso del autor) 

 

La ley es (debería ser) igual para todos. Matar a un inocente constituye, en un sistema justo, un delito que exige recibir un castigo adecuado.

En ocasiones, las leyes establecen agravantes. Merece un castigo mayor el crimen premeditado que el crimen pasional. Crea más daños sociales y reclama castigos proporcionados a los mismos el asesino del presidente de un país que el asesino de un vendedor ambulante.

Ello no implica que entre las víctimas exista una diferencia “de grado” en cuanto seres humanos: tanto el presidente como el vendedor ambulante son iguales en cuanto seres humanos. Pero cada uno tiene diferente importancia respecto del buen funcionamiento de la vida social, y por eso el castigo será mayor para el asesino del presidente.

Hay quienes proponen nuevos agravantes, basados en el hecho de las orientaciones que puedan tener las personas asesinadas o agredidas.

Si llevamos a su extremo la propuesta de nuevos agravantes, ¿por qué fijarnos sólo en las orientaciones y tendencias de la gente? ¿No podríamos convertir en un agravante cualquier agresión basada en el desprecio hacia los gordos, o hacia los flacos, o hacia los bajos, o hacia los feos? ¿No habría que meter en la cárcel a quien cantaba, hace ya años, aquel estribillo: “que se mueran los feos”?

Los delitos son delitos siempre. Pero hacerlos más graves si se cometen contra las personas según criterios de desprecio hacia algunas categorías, y menos graves si se cometen contra un vecino de la misma casa, implica no pocas veces el riesgo de introducir nuevas discriminaciones y arbitrariedades, con el pretexto (engañoso) de luchar contra las discriminaciones.

Mientras algunos grupos de presión luchan para que se reconozcan nuevos agravantes (los que a esos grupos interesan), existen innumerables discriminaciones que pasan en completo silencio, ante las que muy pocos reaccionan, y que sí merecerían una fuerte intervención de la ley.

¿No debería ser un agravante la agresión a cualquier niño o joven motivada por su condición de enfermo o inválido? ¿No debería ser un agravante cualquier aborto realizado contra las personas que tengan un ADN no deseado por sus padres? ¿No debería ser un agravante el aborto basado en el sexo del embrión o del feto?

Es cierto que el aborto es siempre un delito grave. El hecho de que se mate a un embrión sano o enfermo no establece diferencias en cuanto al delito. Pero la mentalidad que discrimina y que persigue más a unos (los débiles, los enfermos, los no deseados) genera un desorden social tan grave que merece ser contrarrestado con leyes eficaces, incluso a través del reconocimiento de agravantes cuando se producen abortos discriminatorios.

Es, además, absurdo buscar solamente leyes con las que se impiden agresiones de poca entidad contra algunos grupos sociales mientras que se guarda un silencio cómplice y extraño ante los miles y miles de hijos que cada año son eliminados por el aborto.

Vale la pena luchar contra discriminaciones arbitrarias y contra cualquier acto que hiera en su dignidad a un ser humano. Pero en esa lucha hay que reconocer prioridades, sobre todo para intervenir en la defensa de los más débiles.

Un mundo en el que se condene con la cárcel el insulto a unas personas mientras son eliminados miles de embriones con la complicidad e incluso con el apoyo de los poderes públicos es un mundo desquiciado y, en el fondo, cómplice de las peores formas de discriminación que puedan darse en la historia humana.

Los mejores esfuerzos en favor de la justicia deben orientarse para conseguir una meta urgente: que nadie pueda ser eliminado antes de nacer, o después de su nacimiento, por causa de su pequeñez, de su ADN, de su raza, de la situación económica de su madre.

De este modo casi todos (ojalá todos) los hijos, sin discriminaciones asesinas, encontrarán acogida y apoyo por quienes defienden, de verdad, el respeto de los derechos básicos que permiten construir sociedades justas y buenas.