Aborto y referendums populares

Autor: Padre Fernando Pascual, L.C.

Profesor de filosofía y bioética en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum

Fuente: es.catholic.net (con permiso del autor) 

Un sistema político está dañado en sus raíces si considera que son susceptibles de votaciones parlamentarias o de referendums populares leyes que permitan el crimen, la intolerancia, la violencia, las guerras de agresión, el racismo, la eutanasia, el aborto.

¿Por qué? Porque cualquier sistema político mínimamente justo se construye desde el respeto de los derechos fundamentales de todos y de cada uno de los seres humanos.

Entre esos derechos está el más básico de todos: el derecho a la vida. Por lo mismo, ningún sistema político puede ser considerado justo si deja abierta la posibilidad de que un dictador, un gobierno, un parlamento votado por el pueblo o un referéndum popular aprueben una ley que permita abortar a los hijos antes de nacer.

En el pasado y en el presente se han aprobado leyes que despenalizaban o que permitían el aborto. En el siglo XX la legalización del aborto tuvo un inicio lúgubre en la dictadura comunista que dominaba a Rusia y a aquellos estados más o menos sometidos a la Unión soviética. Luego, otros países, unos oprimidos bajo férreos sistemas totalitarios, otros supuestamente democráticos, dejaron las puertas abiertas al aborto. Desde entonces, millones y millones de hijos han sido asesinados antes de nacer.

Frente a esta situación, ¿cómo actuar? Hay que reconocer que estamos ante sistemas políticos inhumanos, aunque muestren apariencias democráticas y llamen a la gente a votar en elecciones más o menos libres. No existe un estado sano donde se violan los derechos básicos de los seres humanos, empezando por el derecho a la vida.

Es posible, entonces, recurrir a algunos de los mecanismos legales ofrecidos en tales sistemas y que puedan ser considerados eficaces para combatir la injusticia, sobre todo desde la supresión de las leyes que la permiten.

Por ejemplo, un grupo de personas puede organizar un partido político orientado a abolir las leyes que permiten el aborto y a promover otras leyes que apoyen a la mujer embarazada, que garanticen una buena atención al hijo antes y después del parto, que promuevan la familia.

También es legítimo recurrir al instrumento de un referéndum popular si el recurso al mismo da esperanzas fundadas de abolir las leyes abortistas.

Así se intentó, por ejemplo, en Italia, cuando tras la aprobación de la ley del aborto en 1978, el Movimiento para la Vida y diversas asociaciones con una amplia participación de católicos, promovieron un referéndum para abrogar tal ley en sus puntos peores. El referéndum tuvo lugar en mayo de 1981, si bien con un resultado negativo que mantuvo en vigor una ley inicua.

En vistas del referéndum de 1981, la Conferencia episcopal italiana publicó, el 11 de febrero de 1981, un comunicado en el que se afirmaba lo siguiente: “La iniciativa del referéndum del Movimiento para la Vida es moralmente aceptable y es vinculante para la conciencia cristiana, porque persigue, a través de la abrogación de algunas normas de la ley abortista, el objetivo de limitar, en la medida de lo posible, su amplitud y de reducir sus efectos negativos”.

Los mecanismos legales, por desgracia, pueden resultar insuficientes ante la degradación de políticos y de grupos de poder que no sólo mantienen leyes a favor del aborto, sino que incluso amplían las facilidades para recurrir al mismo. La fuerza de la propaganda a favor del “delito legalizado” (una contradicción típica de los estados inhumanos) neutraliza muchos esfuerzos sinceros a favor del derecho a la vida y adormece las conciencias para no entrever la gravedad del acto que permite a una mujer eliminar la vida del propio hijo, a veces bajo presiones de terceras personas muy interesadas en que ese hijo no nazca.

Frente a esta situación, cabe preguntarse si no existan otras vías pacíficas y que no impliquen menoscabo de derechos fundamentales de las personas, que sirvan como presión saludable para que el estado dé un paso atrás en su descarrío, y para que las autoridades empiecen a respetar el derecho básico a la vida.

No estamos en un mundo que permite actitudes tibias. Frente a injusticias sumamente graves sólo caben decisiones valientes. Las mediocridades son el terreno abonado para el triunfo de las tiranías, aunque estén vestidas de apariencias democráticas. La honestidad y la firmeza de quienes se comprometen a defender la vida y los derechos básicos de todos, son capaces de promover cambios radicales en la historia humana, incluso al precio de persecuciones, cárceles o incluso martirios.

En situaciones como las que han llevado a legalizar el aborto, vale mucho el testimonio de quien dice no a las tiranías vestidas de apariencias legales. No sólo para sacudir conciencias buenas pero llenas de temores y falsas prudencias, sino para ayudar también a los gobernantes a abrir los ojos ante el mal que cometen y para orientarles hacia una conversión que los haga defensores de la vida de los miembros de la sociedad más débiles e indefensos: los hijos antes de nacer.