El reto del Estado de Derecho: la subsidiariedad.

Autor: Diego Quiñones Estévez

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Los modelos de Estado contemporáneos, han tocado fondo en las sociedades de Occidente. Como los métodos y modelos de las ciencias, de la investigación técnico-científica, han demostrado en la experiencia histórica que han servido para subir al poder a las ideologías. Una vez cumplida esta finalidad primordial, una vez agotadas sus propuestas sociopolíticas, es inexcusable sustituirlos, reemplazarlos por otras formas de gobernar a las naciones, para perfeccionarlas, para hacerles la existencia más digna.

Desde la sanguinaria e inhumana Revolución Francesa (siglo XVIII) hasta el siglo XXI, los modelos de Estado y sus métodos se han mostrado con dos caras de la misma moneda del poder: a) El Estado-despótico-revolucionario-explotador; b) El Estado de Derecho-democrático-constitucional. 

La Historia del Estado-despótico-revolucionario-explotador, comienza con el Estado laicista y jacobino de la Revolución Francesa (1789-1799) que introduce el terrorismo de Estado, el terror invade todas las instituciones con la utilización y la falsificación de los principios descristianizados de igualdad, fraternidad y libertad: los crímenes contra la humanidad y la persecución de la Iglesia Católica son los signos terribles que marcaron la Revolución Francesa y las futuras revoluciones de los estados totalitarios que la imitaron. 

El despotismo ilustrado de las monarquías absolutistas, fundamentaría el poder del Estado en las ciencias pragmáticas que deberían traer el progreso económico y social de los ciudadanos a los que consideraba ineptos para participar con las élites gobernantes en la solución de los problemas. Las ciencias positivistas invaden la vida cultural aplicando los métodos empíricos que siempre parten de un análisis de los hechos visibles y materiales y que traerá el arrinconamiento de la ley natural y universal por la ley civil o positiva: el fundamento[1] de la Ley, que es la ley moral natural, quedará dañado y sus consecuencias se pagarán en los siglos posteriores. Las ciencias del espíritu, como la Teología son perseguidas y desterradas del saber cuya característica fundamental es que ha de ser plural para que no se convierta en ideologización científica y política. 

El Estado despótico durante los siglos XIX y XX, es asimilado y camuflado como Estado asistencial por las ideologías del nacionalsocialismo, del fascismo, del nacionalismo, del socialismo o del comunismo y del liberalismo o capitalismo no democrático. Unas y otras ideologías, utilizan dos instrumentos de control político de la sociedad: el sufragio universal y el Estado colectivista, paternalista, protector e intervencionista, cuyo objetivo es que el gasto público nacido del trabajo y del esfuerzo de los trabajadores o proletarios, se destine al aumento del número de funcionarios y a la nacionalización de los sistemas de producción. El paradigma ha sido el Estado totalitario-colectivista del nacionalsocialismo, del fascismo y del socialismo o comunismo, que se sirven del sufragio universal, de la voluntad popular de las urnas manipuladas para legitimarse por la fuerza en el poder. De ellos brotaron las dictaduras nacionalsocialistas, fascistas, socialistas y comunistas, que esclavizaron, explotaron, y lo más trágico, asesinaron a millones de personas.  

La Historia del Estado de Derecho-democrático-constitucional, empieza a finales del siglo XIX en las naciones anglosajonas, en las democracias occidentales cuando ya se hace realidad política, jurídica y moral la separación de los tres poderes que había establecido Montesquieu (1689-1755) en su obra El Espíritu de las Leyes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Estados Unidos y el Reino Unido, representan los modelos de democracias constitucionales, tan opuestas las democracias totalitarias y populistas del fascismo o del comunismo. De ellas y de las naciones industrializadas, entre los siglos XIX y XX, nacería el llamado Estado de bienestar cuyo origen es el liberalismo, pero del que luego se apropiaría el marxismo, el socialismo del Estado del bienestar social. Sin embargo el Estado del bienestar se pervierte cuando las ideologías del liberalismo materialista e individualista o del materialismo marxista colectivista, se apropian del Estado de Derecho y no aplican a la sociedad civil un mercado libre, eficaz y competitivo, que garantice la libertad individual y la propiedad, la estabilidad económica y unos servicios públicos eficaces, en definitiva, que garantice la libertad de elección dentro de un contexto político, jurídico e institucional de seguridad,[2] fundamentado en los principios de solidaridad, subsidiariedad y justicia que conducen al bien común. Se olvidan de que el objetivo básico del Estado del bienestar es servir[3] al hombre y a toda la humanidad. 

El Estado es un Estado de Derecho porque su reto fundamental es mantener y fortalecer las leyes y los principios constitucionales que son el fruto de una democracia participativa y representativa donde el sufragio universal no es falsificado como en las democracias formales o totalitarias, las democracias de gestión u orgánicas de las dictaduras de izquierdas y de derechas que arrasaron las libertades en el siglo XX. 

El Estado de Derecho no pone su énfasis en el intervencionismo estatal en la economía, la cultura, la educación, la política, la sanidad. En la economía del libre mercado, el Estado de Derecho permite la iniciativa privada donde la actividad económica es un intercambio de bienes y servicios, regulados por leyes racionales, autónomas y competitivas que eviten la corrupción política y empresarial. La dimensión creativa del trabajo humano y el espíritu emprendedor de las personas son esenciales en la libre economía de mercado para la producción de riqueza que contribuya al desarrollo de la sociedad pero sin olvidarnos de que la economía ha de regirse por los principios[4] de solidaridad y subsidiaridad para que el bien común esté garantizado. El Estado de Derecho y el mercado deben actuar de forma complementaria para que se haga efectiva una redistribución equitativa de los beneficios del desarrollo económico.[5] 

Este sistema económico-social, basado en el equilibrio entre la iniciativa pública y privada, debería generar un mejor reparto de la riqueza, aunque también suele olvidarse de las clases sociales más pobres y necesitadas cuando se centra en un economicismo o capitalismo exacerbado y cuando institucionaliza la corrupción.

Este es uno de los retos y peligros del Estado de Derecho-democrático y constitucional, ya que se corre el riesgo de autodestruirse. El Estado de Derecho se pervierte o degenera, cuando acceden al poder por la vía democrática de las urnas, ideologías de carácter totalitario y demagógicas, que emplean un lenguaje ficticio democrático, pero que cuando alcanzan las instituciones las vacían de los valores y principios constitucionales del Estado de Derecho. Se sirven y aprovechan de situaciones políticas de crisis económica, política, moral y cultural, como así hizo el nacionalsocialismo del dictador Hitler (1889-1945). Hitler alcanzó el poder valiéndose de la democracia y del hundimiento económico de Alemania. Y otro tanto hizo el otro dictador Benito Mussolini (1883-1945) en Italia, que liquidó la monarquía parlamentaria liberal y la reemplazó por el fascismo. Y el marxismo entra en la Historia aprovechando los desequilibrios e injusticias producidas por la Revolución Industrial (fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX). Las revoluciones bolcheviques, las revoluciones sangrientas y aniquiladoras de las clases sociales, triunfan porque utilizan a las masas explotadas de los trabajadores para imponer la dictadura del proletariado teledirigida por el Estado fuerte, intervencionista, paternalista y controlador que a finales del siglo XX demostró su fracaso y la miseria moral en la que se fundamenta. 

Si el nacionalsocialismo alemán se sirvió de la crisis económica y moral para asaltar las instituciones democráticas del Estado de Derecho e imponer el terrorismo de Estado del nazismo, xenófobo, racista y genocida, en la España de la Constitución Española de 1978, el nacionalsocialismo laicista se ha aprovechado de una extraordinaria situación económica y de bienestar material(pero que ha generado una crisis moral, política y social) para aliarse con la política etnocéntrica y anticonstitucional de los nacionalismos ultrarradicales y terroristas, tras haber alcanzado el poder sacando provecho de las urnas, traumatizadas por el mayor atentado terrorista ocurrido en Europa, no esclarecido por una Justicia prisionera de los intereses oscuros del poder mediático, político y económico: la masacre terrorista del 11-M.  

España, de nuevo España, se ha convertido para las páginas negras de la Historia de la humanidad, en un modelo más de distorsión y desmantelamiento del Estado de Derecho. La democracia constitucional del Estado de Derecho, de un Estado aconfesional, se ha degradado desde las tramas de un poder que lo ha transformado en un Estado laicista, intervencionista y controlador que viene a ser una actualización más del viejo Estado despótico-totalitario- revolucionario en sus proyectos anticonstitucionales, antidemocráticos, anticristianos, anticatólicos, que pacta con los nacionalismos radicales de cualquier signo ideológico pero cuyas características esenciales es que son antiespañoles y antisistema democrático y constitucional. 

España pasa por graves problemas socio-políticos, fruto de una política de la no subsidiariedad, que rechaza la cooperación, la colaboración de todas las fuerzas sociales. Desde el poder de una mayoría parlamentaria radicalizada, se habla mucho y en falso del manoseado diálogo y del consenso, del diálogo y el consenso de los intolerantes. Pero no de colaboración con todas las fuerzas sociales como la Iglesia Católica.

La Iglesia siempre está dispuesta a colaborar con el Estado de Derecho en la búsqueda de la verdad, de la paz, la justicia, la libertad y del amor para edificar una auténtica sociedad donde de forma prioritaria se promueva el bien común de las personas que es el principio esencial que nace de la dignidad, de la paz, de la solidaridad, de la caridad, de la unidad y de la igualdad de todos[6]. 

En España la política del socialismo radical y del ultranacionalismo, ha socavado los fundamentos del bien común de nuestra sociedad civil donde están implícitos todos los Derechos Humanos. El bien común ha sido violado: con una política que impone leyes contra la familia natural y normal, hombre y mujer; leyes que atentan contra el derecho a la vida y a la dignidad de la persona desde que se es embrión hasta que se alcanza la ancianidad; leyes educativas que vulneran el derecho a la libertad de educación de las familias; leyes que han aprobado, de forma anticonstitucional, estatutos insolidarios nacidos desde la presión del terrorismo que recogen la misma ideología totalitaria y que rompen el bien moral e histórico que es la unidad de España como Nación y Estado; disposiciones legales y políticas que atentan contra el derecho a la libertad de mercado, a la libertad de expresión y de opinión, persiguiendo a instituciones históricas como la Iglesia y a medios o grupos mediáticos no afines a los intereses del poder, y favoreciendo a aquellos que se pliegan y se sirven de él. 

En fin, todo menos lo que es un Estado de Derecho que recoge la Constitución Española (1978), y no digamos ya que ni mucho menos cumple con un verdadero Estado de Derecho que siga el principio de subsidiaridad que es aquel que promueve la dignidad de la persona en todos las dimensiones de la vida social y política, para hacer viable que la sociedad civil sea una verdadera comunidad de personas donde se haga realidad el  bien común.[7]  

De lo dicho, se desprende que el Estado de Derecho para que cumpla su función democrática y constitucional y evitar su perversión y destrucción, es que ha de ser un Estado de Derecho que no olvide el principio de subsidiaridad, o sea, que ponga todas las instituciones, todas las leyes democráticas y constitucionales para que los ciudadanos alcancen la libertad, la dignidad, la paz, la justicia, la cultura, la unidad, en definitiva, el bien común y el ordenamiento de la democracia.  

Este el verdadero reto del Estado de Derecho que necesita España y Europa. El Estado de Derecho al servicio de la sociedad civil, con un sentido del poder donde se tenga muy en cuenta la dimensión espiritual, religiosa del ser humano junto a las demás dimensiones política, económica, tecnológica, cultural y social. Este el camino más seguro por el que debe andar España: un Estado de Derecho donde la autoridad de la comunidad política ponga en práctica un espíritu de servicio que armonice las pluralidades de pensamiento, creencias e ideologías. 


[1] Pontificio Consejo <<Justicia y Paz>>, “La persona humana y sus derechos”, en Compendio de la doctrina social de la Iglesia, B.A.C., Editorial Planeta, Madrid, 2005, págs 70-71, Cap. III.

[2] Juan Pablo II, Centesimus annus, nº 48, Cf., “Nuevo modelo de Estado de binestar”, Consejo Pontificio para la  Familia, en Lexicón, Ediciones Palabra, Madrid, 2004, pág. 824.

[3] Raga, José T., “Nuevo modelo de Estado de bienestar”, Consejo Pontificio para la Familia, en Lexicón, Ediciones Palabra, Madrid, 2004, págs-822-824.

[4] “La vida económica”, en Compendio de la doctrina social de la Iglesia, op. cit.,, págs 176-180, Cap. VII.

[5] Ibídem, pág.179.

[6] Pontificio Consejo <<Justicia y Paz>>, “Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia”, en Compendio de la doctrina social de la Iglesia, B.A.C., Editorial Planeta, Madrid, 2005, págs 93-94, Cap. IV.

[7] Ibídem, pág., 93.