Violación del derecho a la libertad de enseñanza.

Autor: Diego Quiñones Estévez

 

 

La violación de los derechos fundamentales, viene de lo más arcano de nuestra Historia, por ello a las personas que quieren mantenerlos vivos, no les extraña que volvamos a sufrir la persecución de los mismos en estos tiempos totalitarios que vivimos y en los que se pretende desmantelar a nuestras sociedades de los valores esenciales que sostienen y equilibran la convivencia comunitaria, civil y eclesial. Unos valores que sólo se aprenden en la educación integral, y de modo concreto en la educación moral y religiosa que forma parte de la educación global de la persona, junto a la intelectual, afectiva y física. La educación moral y religiosa propicia que las personas alcancen siempre el bien común y el bien personal, guiados, por la sabiduría de Dios y de los hombres a lo largo de la experiencia histórica.

En España al igual que en otros países de América, con naciones en proceso de democratización o con democracias en peligro de desintegración irreversible por culpa de gobiernos irresponsables y obsesionados por mantenerse en el poder, como es el caso de España, asistimos a una violación consentida de un derecho humano y constitucional como es el de la libertad de enseñanza que le corresponde a todas las familias.

A los poderes políticos totalitarios sólo les interesa un sistema educativo único y uniforme que se impone a las familias con lo cual se viola el derecho y el deber a elegir libremente el modelo educativo que implica una educación integral de la persona. La obligación del Estado es la de garantizar, proteger y promover el derecho a la libertad de educación que incluye el derecho y el deber de elegir la enseñanza religiosa y moral de acuerdo con las propias convicciones de las familias. La educación de los hijos es un derecho y un deber primario y esencial que las familias no deben delegar en manos del Estado ni permitir que éste lo usurpe.

En España, como en otras naciones de América, el cesarolaicismo socialista o neoliberal quieren imponer una educación estatalista que recuerda a la inicua pretensión de los naturalistas y de la secta de los masones de los siglos XVIII y XIX, que luego hicieron suya los sistemas totalitarios fascistas, socialistas y comunistas del siglo XX: imponer una educación laica, libre e independiente de toda referencia a la Religión que propicia la supremacía de la razón sobre la fe, la supremacía del libertinaje de las pasiones sobre la libertad de la moralidad y los principios éticos. Para ello, con la mentira del consenso de la mayoría parlamentaria, se obliga a los padres a una educación única y laicista cuyo objetivo es perpetuar a la ideología en el poder por medio de instrumentos antipedagógicos como es el de imponer una asignatura obligatoria mientras que se discrimina, margina, persigue, menosprecia la educación religiosa, cuando no se la destierra y saca fuera de la educación porque es un estorbo para controlar la enseñanza.

El ejemplo es una vez más España, donde no se sostiene que los intereses de la progresía política y anticultural, quieran desterrar la educación moral y religiosa para arrinconarla sin alternativa académica y reemplazarla por una intervencionista y partidista asignatura que titulan: Educación para la ciudadanía. Tras el machacón vocablo de “ciudadanía” se oculta la intención de hacer una educación no para los ciudadanos, no para las personas que son las que conforman la sociedad. La Educación para la ciudadanía, se olvida del sentido moral del cómo educar, porque tan sólo busca un oscuro propósito: encerrarnos en un mundo imaginario alejado de la realidad y de la verdad de la Historia porque su único objetivo es imponer una educación laicista y secularizada que prescinde del pluralismo religioso e ideológico de la sociedad, y por supuesto de la tradición y de los valores de la cultura cristiana católica.

La semántica histórica nos dice cuál es el origen del concepto de “ciudadanía”: la Ilustración (siglo XVIII), que promovió la escuela laicista, única obligatoria, y que impuso la antipedagogía del despotismo ilustrado de “todo para el pueblo pero sin el pueblo”. Ya la misma preposición “para” nos remite a que lo que importa más es la finalidad, o mejor dicho, los fines de las ideologías de fondo (el laicismo antirreligioso y la ideología de género) que se lograrán a costa de los medios que sean, despreciando  el pacto escolar y el diálogo democrático y participativo.

Y no sólo el despotismo del laicismo jacobino y anticatólico empapa la amoral Educación para la ciudadanía sino el materialismo marxista ya que se trata de instruir a las nuevas generaciones con el modelo trasnochado de educación que Carlos Marx en la

Instrucción sobre diversos problemas (1866) proponía, es decir, una educación obligatoria desde los 9 años hasta los 17, dividida en tres clases “por razones fisiológicas”: de 9 a 12 años; de 13 a 15 años y de 16 a 17 años. Una educación programada para que fueran trabajadores productivos, y no personas que se educasen en todas las dimensiones. Por educación entendía Carlos Marx y siguen entendiendo sus actuales epígonos neomarxistas y laicistas sin ideas ni proyectos innovadores: 1º) una educación mental o mentalista, de manipulación mental e ideológica, donde el juicio crítico y universal de la razón y el pensamiento han sido desterrados; 2º) una educación física, “la que se da en los gimnasios y mediante los ejercicios militares”, decía Marx y siguen con lo mismo los progre-neomarxistas, pero ahora disfrazan el militarismo físico con la vigorexia deportiva, la promiscuidad sexual y el repudio al cultivo de la espiritualidad y los valores morales; 3º) la educación tecnológica, para que los alumnos aprendan los procesos de producción y el manejo de los instrumentos técnicos o de las maquinarias. La combinación de estos y otros parámetros ideológicos (trabajo productivo retribuido + la formación mental + los ejercicios deportivos + las actividades  lúdicas y sexuales + la enseñanza tecnológica) “pondría a la clase obrera por encima del nivel de la aristocracia y de la burguesía”. Los resultados de esta utopía fracasada socialista, los tenemos en los manuales de Historia y en la precaria y arruinada vida política, moral y cultural de los pueblos que sufrieron la dictadura del comunismo en el siglo XX.

Cuando se habla de “ciudadanía” se está refiriendo a un colectivismo totalitario y manipulador, a una sociedad colectivista donde no es posible la realización de la identidad particular y social, donde la amoralidad y la dictadura del relativismo lo gobiernan todo: la vida privada y la vida pública. Ante semejante despropósito, los responsables de la educación, familias y educadores, deben responder con un no rotundo y activo a una instrucción ideológica, a una amoral Educación para la ciudadanía, que amenaza con desmantelar a la razón de toda referencia al bien común y privado; que amenaza con privarla del modo natural que tiene de recibir y entender el mundo en el que vive, donde Dios y el hombre no son extraños sino esenciales en la vida social y personal. Las familias son las que deben decidir la educación que quieren para sus hijos. Así lo dicen la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) (Art. 18 y Art. 26) y la Constitución Española (1978) (Art.27.2 y Art.27.3). En la labor educativa, los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y en colaboración con las familias han de estar las instituciones públicas, privadas y eclesiales.

Sólo de este modo se puede garantizar el derecho a la libertad de educación que se ha de llevar a cabo desde una educación integral, donde tenga presencia la educación moral y religiosa que permite alcanzar el sentido de Dios y una toma de conciencia de la responsabilidad y de la libertad que nos pongan en el camino de la búsqueda de la verdad para así propiciar una sociedad donde los seres humanos vivan de acuerdo con su dignidad de personas.