Falsificación de los derechos de la
familia
Autor:
Diego Quiñones Estévez
Blog
del autor
El
derecho humano ha de garantizar la integridad de la institución divina y
humana, como es la familia ya que constituye un bien común y universal
donde las personas nacen, se desarrollan y educan para la vida.
La
familia, comunidad natural de amor y solidaridad[1],
es una estructura jurídica esencial, que, si tiene unos derechos[2]
es porque ella misma los ha generado, y no porque el estado o cualquier
postulado moral, ético o amoral, se los hayan concedido: ella es titular de
unos derechos propios y originarios que la sitúan en el centro de la vida
social[3].
El
derecho humano, por tanto, ha de tener muy en cuenta que en la primera
sociedad natural que es la familia, toda persona alcanza su identidad y
dignidad antropológica donde la maternidad y la paternidad, la madre y el
padre, son imprescindibles para garantizar la integridad de la familia. Lo
prioritario es la familia, ya que de ella depende la existencia y la
organización de la sociedad y del estado[4].
Cuando el
estado quiere invadir la comunidad conyugal y familiar, se inventa unos
derechos ideológicos que ponen en crisis a la familia. Es lo que ha
sucedido en las legislaciones de España, Europa y América, que han
fabricado leyes relativistas, amorales y libertarias que han dado lugar a un
prototipo artificial y antinatural de pseudofamilia. A la familia natural se
la ha querido mezclar y desvirtuar con los productos ambiguos de las
orientaciones sexuales de la ideología de género. El radicalismo feminista
y homosexual, han influido en las legislaciones relativistas y hedonistas
para inventarse un sucedáneo de pseudofamilia cuyo objetivo es la destrucción
de la familia natural y de la identidad sexual indiscutible del matrimonio
mujer y hombre.
En vez de
garantizar positivamente los derechos y deberes de la familia, el estado los
desintegra atendiendo a los intereses privados del pansexualismo tanto del
feminismo y como del homosexualismo radicales. Se destruyen los valores
fundamentales de la familia como son la sexualidad responsable basada en el
amor y el respeto mutuo entre el hombre y la mujer, la maternidad y la
paternidad, la filiación y la fraternidad. De forma coactiva, el estado
impone una legislación antifamilia inventándose derechos inexistentes como
el del aborto, el de la adopción de niños por homosexuales, el del
divorcio exprés o el de la artificial y deshumanizadora procreación
asistida.
En la
puesta en práctica del derecho sobre materia familiar, con premeditación,
se olvida el pluralismo moral, ético e ideológico de las sociedades democráticas,
y todo por hacerle la cama a los deseos y necesidades de unas minorías que
no representan ni en la Historia, ni en la realidad cotidiana, lo que ha
sido y es la comunidad de personas que es la familia.
De aquí
que los derechos originarios de la familia se falsifiquen en el ordenamiento
jurídico y se les suba al tren de los derechos sociales de lo políticamente
correcto con leyes que otorgan privilegios y entidad jurídica a ciertas y
aberrantes imitaciones de la familia natural como son las uniones de
homosexuales, las uniones de hecho o la poligamia que niega que la mujer y
el hombre tengan la misma dignidad personal. Todas ellas son uniones civiles
que únicamente se rigen por la práctica privada de la sexualidad como un
producto más de la sociedad de consumo.
De este
modo, el estado quiere pervertir el sentido jurídico de la familia y del
matrimonio varón y mujer, en lugar de protegerlos. Se discrimina a la
institución de la familia que es la única que garantiza el orden y el
equilibrio de las generaciones. Éste orden y equilibrio vienen dados porque
en la familia natural, en el matrimonio varón y mujer, existe un deber y
una responsabilidad que es el de la humanización[5]
de la persona y de la sociedad: como de la familia nace el amor y la vida, a
la familia natural le corresponde la responsabilidad de llevar a cabo una
sexualidad heterosexual en un matrimonio “legítimo e indisoluble”[6]
de un hombre y una mujer, destinado a la procreación o la adopción y a la
educación integral de los hijos; la familia es responsable de que la
persona empiece a tener conciencia del bien y de la verdad, de la
solidaridad y de la sociabilidad, de la justicia y de la caridad, de la paz
y del respeto a la autoridad; la familia tiene el deber de mantener vivos
los lazos intergeneracionales y propiciar la estabilidad y la prosperidad de
la sociedad; ella es la primera transmisora de los valores ético-morales,
del patrimonio religioso- espiritual y cultural de las naciones.
Diego
Quiñones Estévez. http://www.verdadypalabra.com/
La
familia natural, ha de ser reconocida institucionalmente y también ha de
ser protegida por el derecho positivo. El derecho humano tiene la obligación
de hacer factible el reconocimiento de la identidad de la familia basada en
el matrimonio estable e indisoluble de hombre y mujer, para así defenderlos
de las falsificaciones ideológicas que amenazan con desintegrarlos con
formas de convivencia tan contrarias a ella.
Los
derechos de la familia natural, bien delimitados en los artículos 16,3 y
25,2 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre (1948), y por
supuesto en la Constitución Española(1978), no forman parte de las
invenciones políticas de los llamados nuevos derechos sociales, que, de
“nuevos” tan sólo tienen el rótulo eufemístico porque la realidad es
que no son más que las artificiales y relativistas propuestas de siempre
del neolaicismo, del neosocialismo, del neomarxismo y del neoliberalismo, en
resumen, del humanismo
inmanentista[7],
tan opuesto al humanismo integral y solidario del Cristianismo Católico.
Los derechos y deberes de la familia son inviolables porque la familia está
legitimada por la naturaleza humana y no por el reconocimiento del estado[8].
A éste y a la sociedad sólo les corresponde tener una función de
subsidiariedad con la familia y no de someterla y destruirla con leyes
arbitrarias y contrarias a la recta razón y a la ley de Dios.