La perversa educación de un estado permisivo y laicista
Autor: Diego Quiñones Estévez
Como el estado laicista es consciente de que a las familias se les ha ido despojando del derecho y del deber de educar a los hijos, de acuerdo con sus convicciones morales, religiosas e ideológicas, él se autoproclama como el gran educador, el único que tiene la capacidad de educar a través de una legislación contraria a la libertad, a la pluralidad y a la calidad de enseñanza. En contra de los Derechos Humanos y de la Constitución Española (1978), la enseñanza pública se impone como laica, cuando nuestro Estado se define como aconfesional.
El estado laicista, siguiendo al pie de la letra los pasos de los estados déspotas y totalitarios, maquilla, con las palabras altisonantes y grandilocuentes del diálogo y del consenso, de la libertad y calidad, de la igualdad y solidaridad, la perversa educación que gestiona como un instrumento de poder, esencial para perpetuarse.
El estado laicista, conoce que los padres han ido perdiendo toda autoridad sobre sus hijos, porque no se atreven a educarlos haciéndoles ver que el principio de autoridad se ha de ejercer desde el amor, la credibilidad, la coherencia y la sabiduría. La madre y el padre, tienen el deber de ejercer su autoridad con los hijos ya que con ella se les orienta hacia el bien y la verdad integral.
Sin embargo, el estado laicista, ha decidido destruir el principio de autoridad, y reemplazarlo por lo más antipedagógico que puede haber: la autarquía, es decir, por hacer cada cual lo que le venga en gana, pero bajo el proteccionismo paternalista del estado laicista. De este modo, a los niños, adolescentes y jóvenes se les ha prohibido educarlos en la responsabilidad de sus actos porque la autoridad ha sido destruida en un sistema educativo intervencionista y monopolizador.
La autoridad ha desaparecido de los hogares porque ha sido perseguida y desterrada de la sociedad, de los medios de comunicación y de las instituciones de transmisión cultural. Los padres tienen miedo a ejercer la autoridad, porque el estado permisivo del laicismo en la enseñanza y en la vida social, no la ejerce, ya que ha sido reemplazada por el subjetivismo relativista del todo vale, del cada cual puede hacer lo que le venga en gana. Las consecuencias las sufrimos en nuestras vidas: la vagancia y la violencia escolar es la materia predilecta en las aulas, ella es la que impone la ley de la barbarie contra el saber y los valores morales y éticos que deberían ser protegidos e incentivados. Los sujetos de la educación no existen, porque el estado permisivo y laicista, los ha convertido en objetos de sus intereses ideológicos. Los educandos, no son tratados como personas, se convierten en objetos arrojadizos contra el aprendizaje verdadero que ha de enriquecer a la persona de forma integral. En las aulas, lo frecuente es la agresividad, el odio, ya no sólo al educador al que se le ha despojado de toda autoridad, sino también a la cultura, a los valores, a las ciencias empíricas y del espíritu.
El estado laicista, permite esta situación dentro y fuera de las aulas, porque forma parte del entramado que ha diseñado en un sistema educativo falto de la pedagogía de la autoridad y del rigor académico. Fuera, en las calles, en las plazas, en los pueblos y en las ciudades, la educación de los aprendices de ciudadanos deja mucho que desear. Se admite todo tipo de vandalismo juvenil, sin que se tomen medidas sociales ni se modifiquen unas leyes que tienen como único fin, permitirlo todo, a costa de grandes daños y gastos incalculables. El estado permisivo, incentiva el consumo del sexo como otro recurso estratégico para mantener sujetos a las personas más inmaduras. Las obsesivas campañas para el uso del preservativo, y ahora con la píldora del día después, por más que han fracasado fustigándonos con el sida, las enfermedades de transmisión sexual, y lo más terrible, con los abortos en las adolescentes, demuestran la mentalidad perversa y permisiva del estado controlador.
Y lo mismo cabe decir, de las tan publicitadas y sanitarias campañas contra las drogas, el tabaco, el alcohol o los accidentes de tráfico. Todas ellas se quedan en malabarismos de política social ya que la droga y el alcohol siguen destruyendo hogares y tantos y tantos proyectos de vida de mujeres y hombres en la plenitud de la vida. Las leyes antidrogas y antitabaco, se quedan en simples diseños legislativos sin ningún efecto sancionador ni que corrija y destierre las injusticias que provocan en la convivencia familiar y social. Otro tanto cabe decir de las leyes de circulación, unas leyes laxas que fotografían la amarga realidad de un estado laicista perverso: la muerte de miles de personas en los accidentes de tráfico, son tan inadmisibles como las que provoca el terrorismo.
El derecho y el deber de las familia a la educación integral de sus hijos, es insustituible e inalienable, y el estado laicista cae en la perversión del mismo cuando invade y se apropia de ese derecho fundamental de la libertad de educación y se inventa una materia que transmitirá sus perversiones ideológicas: “Educación para la ciudadanía.” En cualquier democracia constitucional, el estado tiene la obligación de respetar y promover la educación de las personas en todas las dimensiones que engrandecen su dignidad, y siempre en colaboración con las familias, las instituciones eclesiales y civiles.